cuidado por quien votas

Para un próximo y futuro gobierno de la Alianza (porque habría que estar mal de la cabeza para pretender seguir siendo gobernados por la Concertación tras el 2010), una prioridad de gestión debiera ser corregir los gravisimos errores que ha demostrado en la práctica la Reforma Procesal Penal. Esta reforma, confeccionada durante el gobierno de Frei y cuyo inicio paulatino de puesta en práctica por regiones se inició en diciembre de 2000, se proclamó portadora de una serie de ventajas por sobre el antiguo sistema penal, muchas de las cuales han resultado ciertas y efectivas (transparencia, rapidez, oralidad e imparcialidad); pero ha debilitado, por otra parte, seriamente el efecto buscado por la justicia, cual es disuadir al crimen, amparar a las víctimas y otorgarles justicia. Su extremo garantismo institucionalizado la ha hecho caer en descriterios que no soportan el menor análisis del sentido común, como al dejar reiteradamente en libertad a peligrosos delincuentes, repletos de antecedentes penales, sorprendidos in fraganti, que sin duda lo han transformado en la burla y la oportunidad de los delincuentes, que, sin mover un dedo, y teniendo asegurada su defensa por un abogado competente (cosa que no ocurre siempre en la práctica de igual forma para los intereses de las victimas), son dejados libres en circunstancias que resultan incomprensibles para el sentido común de las personas.
Porque, no olvidemos que la justicia es una institución de la comunidad destinada a ordenarse, no es un ente magico ni divino que esté por sobre la comprensión y la lógica de aquéllos que la crearon, si no que por el contrario debe estar al servicio de los objetivos e intereses de paz social de la comunidad que la creó y diseñó. Pero, a veces, pareciera que está navegando en sentido contrario a esta paz social, beneficiando en demasía a quienes se apartan de las basicas, antiquísimas y universales normas de la convivencia social.
En algunos aspectos, la justicia de la Reforma Penal se podría analogar hasta cierto punto, por sus casos aislados pero llamativos, al Transantiago: tenemos micros más bonitas, choferes más educados, menor contaminación ambiental y menor congestión de micros en las calles, pero que en último término no cumple cabalmente el principal objetivo para el que fueron creados: en el caso de Transantiago, transportar adecuadamente a las personas; en el caso de la Reforma Penal , administrar justicia y asegurar la paz social.
Al inicio, yo mismo aplaudí esta Reforma previo a su aplicación masiva, pues indudablemente eran necesarias mejoras en su rapidez, imparcialidad y transparencia, evitando por ejemplo los famosos actuarios, talón de Aquiles del antiguo sistema en cuanto a riesgos de corrupción se refiere. Me sedujo este discurso, y a cualquiera que lea sus principios fundamentales también le ocurriría lo mismo. El engaño está en el contenido que venía envuelto en este hermoso papel de regalo, y que a esta altura sólo debe tener felices a quienes delinquen: su garantismo excesivo y descriteriado, tanto en el papel como en las resoluciones de muchos de los seres humanos que lo encarnan.
¿Qué aspectos propongo corregir prioritariamente para transformar esta Reforma Procesal en algo eficiente y que sirva para entregar justicia y desaliente el delito?

1. Eliminar las detenciones declaradas ilegales sólo por aspectos formales o casuales, sin tener en consideración la gravedad del delito o las consecuencias para la sociedad que tendría el dejar libre a un detenido peligroso por un simple error administrativo.
2. Tener a la vista y disposición del juez los certificados de antecedentes delictuales de cada acusado, de modo que pueda ponderar cabalmente frente a quién está juzgando y el peligro que representaría para la sociedad, independiente del delito puntual por el que está siendo juzgado.
3. Asegurar que los Jueces de Garantía sean responsables legalmente frente a las consecuencias de sus resoluciones, así como se exije responder a ingenieros, constructores o médicos por los resultados perjudiciales para terceros que sean consecuencia de sus acciones profesionales, independientemente de sus buenas intenciones o de su falta de dolo. Aquí es la sociedad la que debe exijir que los jueces actuen pensando en el bien de esta sociedad y la protección de sus miembros, tanto como en los derechos del acusado.
4. Asegurar a las víctimas, si lo requirieran, un abogado gratuito, de similar nivel profesional a aquél que se les asegura a los acusados.

Resulta absurdo e incomprensible, por ejemplo, que se prescinda en la formalización de los antecedentes penales de un imputado, siendo que, por ejemplo, para obtener un préstamo bancario se requiere conocer sus antecedentes comerciales y de deudas, o para postular a diversos trabajos se requiere un Certificado de Antecedentes, todo lo cual parece lógico y razonable, aunque no estemos ante un riesgo importante para la sociedad; pero, ¿no se puede tener a la vista ante algo tan delicado como determinar la libertad o no de un delincuente peligrosos? ¿alguien puede justificar esto?

Esta es la opinión de un lego en Derecho, pero miembro de una comunidad constituída por una mayoría de legos en Derecho, a quienes éste afecta y para quienes este Derecho se creó. Me interesaría conocer la opinión de lectores expertos en Derecho, para conocer la factibilidad técnica de realizar las modificaciones que esta Reforma requiere para ser justa y eficiente. Para conservar lo bueno y positivo que ha comportado, y sustituír lo erróneo.

La justicia es sólo una creación de la sociedad para ordenarse en comunidad, disuadir y castigar las acciones que sus miembros puedan perpetrar en contra de la propia comunidad que los alberga y contra los derechos de sus miembros .
Si la Justicia no cumple bien su objetivo, simplemente la comunidad
debe modificar su funcionamiento para que lo haga.

Labels: justicia, Reforma Procesal Penal