Saturday, January 03, 2009

 
EL VERGONZOSO ESCANDALO
DE LOS
FALSOS DETENIDOS DESAPARECIDOS



Durante el pasado mes de diciembre ha estallado un escándalo más de los gobiernos de la Concertación, otro engaño a la ingenua fé publica, al conocerse ya al menos 4 casos comprobados de falsos detenidos desaparecidos, incritos algunos de ellos en el monumental y carisimo memorial del Cementerio General e incluídos en los poco prolijos informes Rettig y Valech, cuyas supuestas muertes se atribuyeron a la acción de los militares chilenos de 1973. Sin embargo, algunos de estos casos falsos vivían tranquilamente en el extranjero, donde rehizieron su vida, o, incluso, como ocurrió en uno de ellos, habían muerto en 1955 ¡18 años antes de 1973 !.
Todo esto nos obliga a plantear importantes dudas acerca de la veracidad y prolijidad del trabajo hecho por estas comisiones, que levantaron el dedo acusador basándose unicamente en los argumentos de una parte de los involucrados en los hechos. Esto equivale a que, en un juicio, se condene públicamente a alguien sólo en base a las declaraciones de la víctima, algo que le quitaría valor a cualquier investigación en cualquier pais del mundo en el que impere el estado de derecho.
El primer caso, que salió a la luz pública en noviembre pasado, fue el de Germán Cofré Martínez, un ex empleado municipal y dirigente poblacional comunista de 30 años, detenido en septiembre de 1973 en la Base Aérea de El Bosque, y luego dado por detenido desaparecido tras la denuncia de su esposa a la comisión Rettig. Sin embargo, hoy se sabe que Cofré viajó con un vecino y por su propia voluntad a Mendoza, Argentina, un año después (1974) , lugar donde se radicó y formó otra familia. Hay versiones contrapuestas con respecto al hecho de si su familia en Chile conocia o no la situación real de Cofré, pero sí consta que recibieron beneficios económicos por su supuesta condición de tal , e incluso se le adjudicaron a su identidad (?) algunas osamentas halladas en el Cementerio General. Pero hay que considerar, además, que fue un hijo suyo quien dió cuenta de su aparición y regreso a Chile el pasado 11 de noviembre al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
En las semanas siguientes aparecieron otros 3 casos, en lo que amenaza con convertirse en una imparable bola de nieve. Se conoció acerca del caso de Carlos Patricio Rojas Campos, ex militante de las Juventudes Comunistas, nacido en 1955. Según el informe Rettig, habría sufrido persecución política . Esto lo habría motivado a irse a Argentina en 1977.
Se mantuvo en contacto con su esposa Norma Rodríguez, con quien tuvo un hijo, hasta 1978. Fue calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación entre un grupo de víctimas y desaparecidos fuera de Chile.
Según el gobierno, en el año 2005, en el curso de la solicitud que familiares de Rojas hicieron en Argentina para obtener beneficios, se detectó que una persona del mismo nombre tenía registro de movimientos al interior del país transandino entre los años 1979 y 1985. En 2005, el gobierno tuvo indicios de que vivía en Buenos Aires. En ese entonces, el Ministerio del Interior pidió que se suspendieran los beneficios a los familiares de Carlos Rojas. En abril de este año sus familiares volvieron a recibir los beneficios. El hecho generó un sumario en el Instituto de Normalización Previsional.
El tercer caso es el de Edgardo Iván Palacios, quien era militante del Partido Socialista y dirigente sindical en Talcahuano. A los 33 años , el 11 de septiembre de 1973, fue detenido, pero dejado en libertad días después. Tenía cuatro hijos. El 16 de junio de 1974 salió de su hogar en dirección al trabajo y nunca más se supo de su paradero. Sus familiares lo buscaron intensamente.
La Comisión Rettig declaró este caso como uno de aquellos que no pudo formarse convicción y no lo incluyó en sus nóminas, pero en febrero de 1994 fue oficialmente reconocido como detenido desaparecido por las autoridades.
Según el gobierno, en noviembre de 2006 ingresó al Servicio Médico Legal (SML) el cadáver de una persona en calidad de indigente que había sido asesinada. Tras los peritajes de rigor se estableció que su identidad correspondía a Edgardo Palacios. Su familia aparentemente desconocía las condiciones de vida que llevaba.
El cuarto y último caso es el más insólito, el de Emperatriz del Tránsito Villagra Maturana, inscrita se ignora por quién en calidad de Detenida desaparecida y cuyo nombre figura en la monumental lápida del Cementerio General.
Según el Informe Rettig, Emperatriz del Tránsito salió de su casa el 11 de septiembre de 1973 a dejar almuerzo a su marido y en el trayecto murió "víctima de la violencia política imperante en el país".
De acuerdo a lo declarado por el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, la mujer fue declarada como víctima de violación a los derechos humanos, sin que hubiese sido posible determinar las circunstancias precisas de su desaparición o muerte.
Lo insólito del caso es que Emperatriz efectivamente había muerto, pero ¡en 1955!, víctima de un aborto espontáneo en el Hospital San Borja Arriarán. Su hermana Margarita señaló que, al ser llamada a declarar por el Juez Juan Guzmán, ella le habría dado a conocer este equivoco, situación que el Juez que se aseguró la vida tras juzgar al General Pinochet y quien es recordado por abrazarse públicamente con los familiares de Detenidos Desaparecidos tras emitir una resolución favorable a éstos, simplemente dice haber "olvidado". Emperatriz tuvo 4 hijos, ninguno de los cuales recibió beneficios previsionales por su supuesta condición, y al no poder costear una tumba definitiva, sus huesos fueron depositados en una fosa común, segun relató Margarita.
En este último caso se abre una inquietante veta acerca de terceras personas ajenas a la familia, quienes, con dudosas intenciones, inscribieron personas conocidamente ya difuntas para engrosar falsamente el número de víctimas de la violencia política, y cuya condición fue aceptada sin mayor estudio por las comisiones respectivas, todo lo cual pone en entredicho toda la seriedad de la metodología de investigación y la legitimidad de las mismas.
Hace unos días la diputada Karla Rubilar, nominalmente de Renovación Nacional (Alianza), en su calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, denunció tener antecedentes de otros 8 casos de falsos detenidos desaparecidos. Esto motivó una violenta respuesta oficial por parte del Ministro Vidal en su contra, más que una clara voluntad del Gobierno en mostrar un sincero interés en aclarar las denuncias o una preocupación por la cada vez mas frecuente ocurrencia de estos casos. Y digo "nominalmente perteneciente a la Alianza" al referirme a la diputada Rubilar , ya que ésta se ha caracterizado por mimetizarse con la izquierda durante su gestión, asimilando su lenguaje al llamar "dictadura" al Gobierno Militar (frase predilecta del Gobierno),defender al igual que el gobierno el uso indiscriminado de la píldora del dia después, mostrar mayor empatía por las asociaciones de Derechos Humanos (a quienes sólo les interesan las violaciones de DDHH que afectan a personas de ideología izquierdista, despreocupándose absolutamente de las demás, como victimas del terrorismo) que por los militares encarcelados a quienes se les niegan los más mínimos beneficios carcelarios, y demostrar en los foros a los que es invitada un absoluto desconocimiento e ignorancia acerca de la realidad política que precedió y rodeó los hechos de 1973 , hechos que no le tocó vivir en carne propia pero que debiera dedicarse a investigar a fondo si se ocupa un cargo público a expensas de los votos de la Derecha. Su reiterada falta de argumentos en dichos foros es una verguenza para nuestro sector, habiendo muchos que podrían ocupar su lugar y defender con mayor celo los ideales políticos y morales que definen a nuestra Derecha.
El Ministro Vidal informó acerca del interés del Gobierno por reabrirlas Comisiones Valech y Rettig, pero, contra toda lógica, no para reevaluar los casos ya ingresados y comprobar fehacientemente su veracidad, a raíz de las dudas planteadas por estos casos, sino que ¡para incluir nuevos casos que hubiesen quedado fuera!
¿Alguien entiende la lógica de este Gobierno?
Nadie pone en duda que sí existieron varios casos de detenidos desaparecidos durante el gobierno Militar,algunos de los cuales podrían haber sido elementos entrenados para poner en práctica la sangrienta via armada que públicamente sectores socialistas señalaban como la única posible para obtener el poder total en el pais. Tampoco se puede desconocer, y nadie pretende hacerlo, el dolor de aquellos familiares inocentes que ignoraban el quehacer de sus deudos y que no supieron por años el destino que les cupo, similar al gran dolor que sufren aquellos mucho más numerosos e incógnitos padres comunes y corrientes cuyos hijos, sin ideologías de por medio, desaparecen sin dejar pistas, producto de la acción de delincuentes comunes. Pero muchos otros casos plantean severas dudas, al punto de ser ilegal el que estén procesados supuestos ejecutores sin tener la evidencia concluyente de las muertes.
Y acerca del destino de muchos desaparecidos, conviene recordar unos párrafos del Manual del Combatiente del demoníaco Che Guevara, citado por Mario Spataro en su libro:

"Los prisioneros al ser liberados deben informar que fueron torturados por el enemigo. Los muertos en enfrentamientos o en combates deben ser reportados como asesinatos o ejecuciones hechas por el enemigo. Los muertos o heridos que logren evacuar de la zona de combate, y que después mueren, deben ser reportados como detenidos desaparecidos en poder del enemigo. Cuando se hace desaparecer a un traidor o a un delator, o a un asesino, se debe informar que se trata de detenidos hechos desaparecer por el enemigo después de haber sido torturados".

Tal vez por ahi esté la clave de algunos casos de cuyo destino final nunca se supo.

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Comments:
Anda a este blog, donde intento rebatir al columnista Cristóbal Orrego, hombre Rettig.

http://bajolalupa.blogspot.com/

No creo que la cita del manual lo convenza.
 
También los falsos detenidos son los que están en México o muertos, como conté en el libro Krassnoff-
 
Efectivamente, Javier.
Orrego parece haberse quedado sin argumentos en la discusión.
¿Qué opina la gente acerca de esta situación?
Encuesta Terra.cl, diciembre, sobre 7.867 votantes

Pregunta: ¿qué piensas sobre los 3 nuevos errores en nómina de detenidos desaparecidos?

60% Un chiste. Me hace dudar de cuantos "errores" más falta por conocer

17% Impresentable que reciban beneficios económicos personas que no sufrieron nada

La mayoría de los chilenos comunes, los que no tienen voz en los medios de comunicación salvo en erstas encuestas, está de acuerdo con la posición que mostramos en el blog.
 
Cristián:
Así es.

Te recuerdo que Cristóbal Orrego junto el hisoriador Gonzalo Vial Correa y un político de RN, que acaba de morir, fueron los derechistas que participaron en la Comisión Rettig. Ellos creían en la buena fe de la gente de izquierda, lo cual resultó falso.

La gente común es más inteligente que los ungidos.
 
Cristian :


Queda destapar la olla también sobre los falsos Exonerados Políticos ,ahí habrá otro escandalo de proporciones.


Saludos.
 
Hay tanta mierda escondida en esos documentos que ns daría una hepatitis fulminante de solo investigarla.

pero alguien tiene que hacerla
 
Esto esto confirma que a la izquierda sólo le interesa el beneficio económico, ser las eternas "víctimas" y seguir robándole al Estado hasta el cansancio.
 
Y todavía lo que falta por saber, MATRIX.
 
Cristian :

Pegate una pasadita por
http://comunismogenocida.blogspot.com
aunque ya no estoy a cargo ..el Blog sigue ,y ahora tiene dos interesantes artítulos sobre Martin Luther King Jr.

Saludos.
 
Cristián la última mentira. Es para no creerlo:
"En un dictamen del 2007, el contralor Ramiro Mendoza determinó que el Movimiento de Izquierda Revolucionaria era "una empresa" antes de ser proscrito por la Junta Militar. Esto les permite a cerca de 20 de sus ex militantes recibir hoy una pensión estatal, aduciendo que fueron despojados de su fuente laboral tras el 11 de septiembre de 1973. Andrés Pascal Allende es el mandatado por el Ministerio del Interior para certificar quiénes eran los funcionarios remunerados. La idea de los ex miristas es que el beneficio se amplíe a casi 400 personas.

"
Fuente: http://movimiento10deseptiembre.blogspot.com/
 
Airwolf: qué bueno que la página sigue activa, gracias por avisarnos.

Javier: ya cualquier cosa parece ser posible, por más desafiante a la lógica que sea. Y no sé qué molesta más, que se dicten estas resoluciones absurdas que benefician a ex delincuentes de sangre, o que la opinión pública ni la gente común no las critique con la fuerza y molestia que cabría esperar.
Pero que no esperemos que sea gente como la Rubilar quien defienda de las injusticias a nuestro sector. Ella es una parlamentaria de izquierda disfrazada de Derecha, debiéramos crear conciencia para que RN no la vuelva a postular al Parlamento. Ahora estuvo codo a codo con la creme izquierdista protestando ante la embajada de Israel, y no precisamente por los misiles Qassam.

Maxtrix: como tú dices, algo huele muy mal no en Dinamarca, como dice la frase, sino que aqui cerquita, en nuestro pais.
 
Cristián:
Como decía Rus del movimiento 10 de septiembre, la cochinada del Mir hay que denunciarla en nuestros blogs. Todavía algunos intelectuales y políticos de Derecha que creen que hay políticos honestos en la Concertación.
 
A un mes de publicado este post, el Gobierno debió confirmar un 5° caso comprobado de falso detenido desaparecido, en este caso Pedro Millas Vásquez, fallecido en 1982 en un accidente ferroviario, en Laja. Este mismo día, se presentó una nueva duda con el caso de otro posible falso detenido desaparecido, Gustavo Soto Peredo, comunista fallecido en una riña en Concepción el 18 de agosto de 1973, 3 semanas antes del pronunciamiento militar.(Ver el blog La Caldera Hechizada>
En ambos casos, habían familiares recibiendo beneficios y fueron avalados por el cada vez menos confiable informe Rettig. Queda la impresión de que sólo bastaba con inventar cualquier adjudicación de muerte a los militares, y ésta era aprobada entusiastamente y sin reparos por dicha comisión.
El caso de Millas fue puesto en conocimiento, junto con otros casos dudosos que habrían sido comprobados en su veracidad, por una ONG de Temuco, y en este caso el ministro VIdal no dio a conocer los casos dudosos a sus familiares, en una actitud muy distinta a la que tuvo con los casos que le hizo llegar la diputada Rubilar, con el claro propósito de perjudicarla y dejarla mal.

Leamos la primera noticia:

"Un nuevo caso de un falso detenido desaparecido fue detectado por el Gobierno, de acuerdo a lo informado esta tarde por el subsecretario del Interior, Patricio Rosende.

La autoridad anunció que se trata de Pedro Gonzalo Millas Márquez, quien fue calificado como detenido desaparecido por la Comisión Rettig, tras recibir los antecedentes aportados por su cónyuge, Lidia Esmerita Reyes Millar.

El Ejecutivo pudo determinar la falsedad del caso al revisar los datos de unas siete personas consideradas como DD.DD., que fueron enviados por el Centro de Investigaciones de Derechos Humanos de Temuco.

"Se hicieron los cotejos de los antecedentes y de los datos de los que disponíamos, se hicieron las visitas y las entrevistas que correspondían, y hemos logrado arribar a la convicción en uno de aquellos casos, que se trata de don Pedro Gonzalo Millas Márquez, que fue calificado como detenido desaparecido por la comisión Rettig, no siéndolo", indicó Rosende.

Agregó que Millas Márquez falleció en 1982 en un accidente de trenes ocurrido en la comuna de Laja y que no obstante ello, su mujer "declaró en agosto de 1990 que su marido había sido detenido por personal de Carabineros de la localidad de Lautaro y luego de esa detención nunca más hubo noticia de su paradero".

Rosende precisó que pocos días después de esa acción, la mujer "presentó una denuncia por presunta desgracia en el tribunal, relatando una secuencia de hechos completamente distinta a la que había relatado a la propia comisión Rettig".

A raíz de lo anterior, el Gobierno consideró que no es posible presumir que Lidia Reyes haya actuado de buena fe. Por esta razón, ordenó al Instituto de Normalización Previsional (INP) la suspensión inmediata de pagos y puso los antecedentes del caso a disposición del Consejo de Defensa del Estado (CDE)."
 
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