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El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, entregó este lunes 12 de diciembre un documento que, según el gobierno, confirma que los cerca de 1700 casos de falsos exonerados políticos denunciados por el Gobierno de Sebastián Piñera eran conocidos desde junio de 2006.

En esa época, la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet no estableció ninguna responsabilidad, a pesar de reconocer las irregularidades, de acuerdo al informe.

Ubilla, quien entregó el documento a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que sigue el caso, informó que el subsecretario del Interior en ese momento, Felipe Harboe, pidió en tres oportunidades investigar las denuncias a la Coordinadora Nacional del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, Marta Joignant, quien -según el subsecretario Ubilla -no continuó con las indagaciones.

“Este informe se hizo recién asumida la Presidenta Bachelet y recién asumido en su cargo el subsecretario Harboe, quien, en conocimiento de este informe, que es bastante fuerte, envió una serie de oficios a la directora del programa, quien no se hace cargo de las irregularidades y del desorden administrativo que en este informe aparecen”, explicó Ubilla.

“Al finalizar el gobierno de la Presidenta Bachelet, nosotros asumimos el programa con las mismas dificultades que ya existían cuatro años antes. Esto nos parece a nosotros de la mayor gravedad, porque se siguieron entregando condiciones de exonerados a personas que no cumplían con ellas, y con una advertencia de la auditoria interna del Ministerio del Interior”, agregó el subsecretario.

Respecto a las responsabilidades éticas o penales que puedan caer sobre los responsables de las irregularidades, Ubilla señaló que "aquí hay mucho más que negligencia. Los funcionarios públicos y las autoridades políticas tenemos responsabilidades administrativas, y será el Consejo de Defensa del Estado el que determine si, además, hay responsabilidades penales de otra naturaleza".

Ubilla informó que el ex subsecretario Harboe, tras conocer los antecedentes en junio de 2006, envió dos oficios a Joignant, en octubre de 2006 y junio de 2007, en los que hace ver estas irregularidades.

El último informe fue contestado por la coordinadora, pero sin ninguna novedad. Tras el último requerimiento de Harboe, enviado en octubre de 2007, no continuó el seguimiento de los casos.

"Lo que es más grave, independientemente de las acciones formales u oficios por parte del subsecretario y sus funcionarios, es que no se tomaron las medidas correctivas pertinentes y seguimos con posterioridad a esa fecha, hasta que nosotros asumimos el programa el 2010, con calificaciones de falsos exonerados, que es lo que estamos intentando que se acredite en la instancia judicial", finalizó.
Tras participar en la sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga los detalles de los 1.700 casos de falsos exonerados políticos descubiertos hasta ahora, los diputados Nicolás Monckeberg (RN) y Gustavo Hasbún (UDI) exigieron al Ejecutivo llevar a cabo las acciones judiciales pertinentes en contra de todos los implicados en las irregularidades.

Después de conocer el informe presentado por Ubilla, en el que se acredita que desde junio de 2006 la administración del Michelle Bachelet estaba al tanto de los problemas y que no se realizó ninguna gestión para detener los pagos a los beneficiados, el diputado Monckeberg señaló que le solicitaron al Subsecretario ejercer "las acciones penales contra aquellas personas que son a nuestro juicio en forma evidente responsables de negligencia inexcusable".

"Esto es un delito, porque ellos tenían toda la información sobre la mesa para haber parado estos pagos y no hicieron nada", añadió.

Según el parlamentario, desde el punto de vista penal "hay un claro delito, que compete a los funcionarios públicos quienes, teniendo todas las atribuciones para fiscalizar el correcto uso de los recursos, no lo hacen. Es el delito de negligencia inexcusable que a nuestro juicio está más que acreditado, porque en 2006 se hizo una auditoria que reconoció los mismo hechos que hoy día estamos conociendo y, sin embargo, no se tomó ninguna medida", agregó Monckeberg.

En tanto, el diputado Hasbún pidió a los parlamentarios de la Concertación que se pronuncien sobre este tema.

"Para nosotros no es tan solo un mea culpa. Una vez que nosotros tengamos los antecedentes y si efectivamente se avala que la gran mayoría de las irregularidades presentadas corresponden, a lo mejor podríamos estar hablando de figuras delictivas", advirtió.

Respecto a una posible acusación en la Comisión de Ética en contra de los parlamentarios involucrados, Hasbún señaló que "es un tema que no hemos descartado. Nosotros vamos a seguir todas las acciones jurídicas que correspondan y administrativas", señaló.

Posible asociación ilícita

Otro elemento mencionado por Hasbún que podría ser materia de investigación es la posibilidad de configurar asociación ilícita en el caso.

Al respecto, el diputado señaló que habían solicitado al subsecretario del Interior que analice datos como los requisitos de los favorecidos.

"Podríamos estar en presencia de una asociación ilícita para defraudar al fisco, porque coincide que estos certificados se emanaban en periodo electoral, los emanaban partidos políticos y, peor aún, algunos (de los beneficiados) no tenían ningún tipo de requisito", agregó.

Fuente: Emol.com