Tuesday, October 04, 2011

 
¡ POR FIN ! EL GOBIERNO DE PIÑERA
DA UNA SEÑAL CLARA A FAVOR DE LA
JUSTICIA Y EL ORDEN PUBLICO





¡ Por fin! Después de meses de indecisiones y debilidades, tal vez escuchando por fin el clamor popular de quienes votaron por él, el gobierno de Piñera se decide a enviar una señal clara contra el caos que reinaba en algunas ciudades principales del pais a raiz de las protestas variopintas organizadas por la izquierda en el último tiempo. Costó, pero salió. En lo que esperamos que sea una señal definitiva de hacer uso de las atribuciones del ejecutivo por reinstalar el estado de derecho en Chile, el sábado 1° de octubre Piñera envió los proyectos de ley, largamente esperados y anunciados, que tipifican y endurecen las penas ante delitos como usurpación o toma violenta de recintos públicos o privados, saqueos de comercios, agresion a Carabineros, acciones delictivas cobardes bajo la forma de encapuchados, interrupción de servicios públicos que afectan a cientos de miles de habitantes de las ciudades.
Mucho tardó este gobierno en tomar acciones concretas y utilizar el poder que otorga el ejercicio del Ejecutivo, en sintonía con el respeto y protección de los derechos de las enormes mayorías no violentas (aunque, también cabría definir, lamentablemente, como cobardes y timoratas) de chilenos que no participan en actos violentos, propio y característico de la ideología de derecha ; sin embargo, más vale tarde que nunca, en especial si esta decisión pasa a constituir el principio de un nuevo aire, una nueva actitud de parte del gobierno de Piñera ante su, hasta ahora, tan criticado temor a enarbolar banderas propias de la ideología que representa.
Al mismo tiempo, por fin Piñera se atrevió a criticar abiertamente la actitud de los jueces garantistas que actúan con irresponsabilidad social incomprensible al dejar libres a terroristas y vándalos que atacan carabineros con riesgo evidente de muerte o lesiones graves, asi como a saqueadores o destructores de la propiedad pública o privada.
Tal vez la actitud decidida y valiente del alcalde Labbé los llevó a tomar, por verguenza partidaria, esta conducta, o tal vez fue el observar la decisión con la que los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos enfrentaron recientes y severas alteraciones similares del orden público, abortándolas tempranamente; pero, cualquiera que sea su motivación, si es genuina y perseverante, bienvenida sea.
Así informó La Tercera esta gran noticia:

"Una pena de cárcel de hasta tres años podrían arriesgar manifestantes que participen en tomas ilegales de establecimientos educacionales, como colegios, liceos o universidades.

La disposición es parte de una reforma, firmada ayer por el Presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en un acto en La Moneda, junto a alcaldes y parlamentarios del oficialismo, que busca endurecer las medidas frente a desórdenes públicos.

El proyecto modifica el artículo 269 del Código Penal e incorpora nuevas figuras delictuales, como el saqueo, el impedimento al libre tránsito y la interrupción de servicios públicos, como transportes, salud o agua potable. Además, castiga falta de respeto a policías, regula sanciones por bombas incendiarias, facilita la obtención de medios de prueba y establece como agravante el actuar "encapuchado".

Sin embargo, uno de los cambios más controversiales -según prevén en el oficialismo- será la norma que transforma en delito la "ocupación o invasión ilegal de inmuebles", como viviendas y recintos comerciales, industriales, religiosos o educacionales, ya sean fiscales, municipales o privados.

La reforma apunta a una de las principales medidas de presión que ha tenido el movimiento estudiantil en los últimos meses y que ha puesto en jaque el cierre del año escolar y académico.

Al firmar la nueva reforma, Piñera lanzó una dura advertencia. "El que pretende atentar contra la tranquilidad y la vida normal de los ciudadanos o contra la propiedad pública o privada se va a encontrar con una legislación dura y firme que va a establecer los castigos que correspondan a actos criminales", dijo.

A su turno, Hinzpeter dijo que cuando este proyecto se apruebe, quienes cometan "desórdenes públicos, saqueando establecimientos de comercio, tomándose propiedades fiscales o particulares, interrumpiendo servicios públicos o interrumpiendo el tránsito por caminos, van a estar cometiendo un delito".

Hoy, el Código Penal sólo contiene una vaga definición de desorden público, por lo que las tomas no estaban tipificadas, a juicio del gobierno.

Según juristas, lo más cercano es la figura de "usurpación". Pero, por definición, ese es un delito contra la propiedad y sólo fija multas cuando no hay violencia a personas. A diferencia, la iniciativa de La Moneda aplica la pena de cárcel entre 541 días y tres años para los autores de desórdenes.

En la redacción del proyecto colaboraron los abogados Miguel Otero, Juan Domingo Acosta y el senador Alberto Espina (RN), quien fue mandatado para seguir la iniciativa. A juicio del parlamentario, esta norma es "similar" a una propuesta de la comisión de expertos, creada por el gobierno de Michelle Bachelet, que recomendó cambios al Código Penal. "Va a haber normas que sabemos que van a generar polémica, pero apuntan a distinguir con claridad el derecho a manifestarse de alteraciones graves con violencia", dijo el senador.

La noticia sorprendió a dirigentes estudiantiles. La dirigenta de la Confech Laura Palma lo definió como "impactante" y "complejo".


Fuente:La Tercera

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